DELINQUIR DESDE LOS 13 AÑOS EN CHILE

EL 47% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN PENAL COMIENZA A DELINQUIR A LOS 13 AÑOS, MIENTRAS QUE MÁS DEL 58% DE QUIENES HOY SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LOS RECINTOS PENALES, SUS EDADES FLUCTÚAN ENTRE 18 Y 33 AÑOS. ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO FINANCIADO POR FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO. REDUCIR LA EDAD MÍNIMA PARA LA IMPUTACIÓN DE UNA PENA A QUIEN COMETA DETERMINADOS ACTOS TIPIFICADOS COMO DELITOS ES EL DESAFÍO LEGISLATIVO PENDIENTE. 

Por: Erick Bellido

¿Qué hay detrás de la llamada puerta giratoria en el sistema penitenciario?. Según un reciente informe elaborado por investigadores de Paz Ciudadana financiados por la Fundación San Carlos de Maipo, da cuenta que las variables vinculadas a escolaridad incompleta; abandono del hogar a temprana edad; alto consumo de alcohol; acceso a drogas duras, son algunos de los factores que inciden en el ingreso y reingreso a las celdas. 

Del “Primer Estudio de Exclusión de Personas Privadas de Libertad”, destaca que a los 13 años, el 47% del total de la población penal comienza a delinquir, mientras que más del 58% de las personas que actualmente se encuentra al interior de los recintos penales sus edades fluctúan entre 18 y 33 años.

Si bien para algunos los resultados pueden sorprender, ya se preveía en diversos estudios dicha tendencia, lo cual también era perceptible solo tomando el pulso de los noticiarios chilenos, los cuales día a día en los últimos 10 años, han evidenciado el prematuro actuar de niños y adolescentes en hechos constitutivos de delito, y donde las policías, tanto Carabineros como la PDI, vienen advirtiendo de forma reiterada, que el mundo delictual recluta a pequeños desde temprana edad para inducirlos a un modelo delictual con precario o nulo control parental, y donde sus núcleos familias suelen ser extremadamente vulnerables, haciendo necesaria la activación de modelos preventivos para mitigar la percepción de inseguridad ciudadana.

Sin ir más lejos, dentro de las cárceles al consultar a los reos si tienen familiares con antecedentes penales, sus respuestas revelan que uno de cada cuatro reclusos tiene o tuvo un miembro de su núcleo familiar en prisión.

Por otra parte, la investigación de campo determinó que las variables “exclusión social”,  “consumo de alcohol y drogas” y “deserción escolar”, son las que mayormente inciden en los jóvenes para explorar la vida de calle, con todos los riesgos que ello significa.

No extraña que la encuesta aplicada a más de 2 mil internos correspondientes a diez recintos penales dispuestos a lo largo de Chile, de cuenta que un 86% de la población penal no posee educación escolar completa al momento de ingresar a la cárcel. Entre tanto, más del 60% de la población penal que reincide tiene problemas con el consumo de alcohol y drogas, mientras que los índices de analfabetismo, superan el 7%, situación que supera en 2,5 puntos a la población que no se encuentra dentro del sistema penal.

Una problemática que tiende empeorar año tras año, especialmente en personas que preferentemente han tenido conductas antisociales desde temprana edad, que no han tenido modelos positivos de relación con la comunidad, y donde la familia se ha quebrado o ha habido conductas delictivas como modelo parental. Es que no se debe perder de vista que la exclusión social constituye un factor de riesgo, pero no es la razón principal. para que un joven llegue ha convertirse en un delincuente en potencia.

Reincidencia delictiva

Al momento de caer en prácticas rotulables como crimen o simple delito, la sociedad tiende a tomar distancia de ellos, repudiando su actuar y segregándolos de su cotidiano vivir. Tras el estudio, parte de esta realidad queda al descubierto, pues se despeja una cifra que bordea el 70% de los reclusos, quienes sostienen que tras delinquir, efectivamente rompen sus lazos afectivos con personas significativas de su círculo cercano, y  aproximadamente, un 50 % termina sus relaciones de pareja mientras están en prisión, situación que redunda en una dramática disminución de sus redes de apoyo psico-afectivo, tanto durante el periodo de reclusión, como al momento de cumplir sus respectivas condenas, situación que termina por afectar en el proceso de reinserción social.

Según da cuenta el estudio, las tasas de reincidencia superan el 60%, y el 37% de los internos tiene más de cuatro reclusiones, por lo  que  los programas de rehabilitación e inserción social que posee Gendarmería no estarían siendo completamente efectivos, ya que una  verdadera reinserción no sólo debe nutrirse del trabajo que se hace al interior de las cárceles a través de cursos o capacitaciones para los reclusos, sino también, mediante el desarrollo de programas que logren incubar una nueva mentalidad para superar la adversidad de forma proactiva, trabajando la afectividad mediante estrategias de autoayuda y técnicas motivacionales para doblegar los tropiezos que han terminado por golpear sus vidas

En el caso de la policía civil chilena, que trabaja desde hace más de 23 años con menores infractores de ley, los análisis requieren enfoques centrados en aspectos Criminológicos y Criminalísticos de elementos que contrastan la realidad material de la realidad psíquica, lo que permite adquirir nuevo saber útil para contrastar conocimientos teóricos y técnicos específicos sobre el origen, dinámica y consecuencias del actuar de las personas que delinquen desde temprana edad.

Panorama vecinal y paravecinal

El panorama actual de México, es la implementación de nuevas medidas a los infractores adolescentes, siendo proporcionales al delito cometido y teniendo como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente que delinque, pues su población penal ocupa el sexto lugar mundial con cárceles saturadas y buscan descomprimirlas.

En el caso  de Perú, los jueces han consensuado disponer que aquellos adolescentes que cometan infracciones penales leves cumplan con medidas de resocialización sin reclusión, a través de centros juveniles abiertos como el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) que maneja el Poder Judicial.

Mientras que en Uruguay, hoy se discute un proyecto de ley que busca establecer como procedimiento habitual en el sistema judicial el procesamiento de los padres cuyos hijos menores de 18 años cometan delitos. En el caso  de países como Brasil, la discusión está centrada en la reducción de la mayoría de 18 a 16 años en los casos de delitos aberrantes.

En Argentina, la discusión ronda entorno a la Convención sobre los Derechos del Niño, por transgresiones reiteradas en materia de infancia. Pero al igual que muchas de las naciones vecinas, optan por privar de libertad a un adolescente por haber transgredido las normas penales, siempre y cuando tenga edad para responder ante ese delito y la infracción penal sea de una entidad tal que lleve indefectiblemente al encierro.

Claramente, cualquier sistema de justicia juvenil, cuya política criminal esté orientada meramente por criterios retributivos de contención y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la PREVENCIÓN y el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social, es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos de la infancia. Es que no se debe perder de vista que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40, al describir los derechos de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, se refiere a la importancia de “promover la reintegración del niño” y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

Otros estudios
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