¿Quiénes se esconden tras las redes de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual en Chile?, ¿Cuál es su modus operandi y los casos más recientes?. Aquí una selección de investigaciones desarrolladas por CIPER sobre una problemática que involucra a capos de bandas criminales con nexos en todo el orbe.
En los últimos años el ingreso de inmigrantes, incluso de
países lejanos, se ha multiplicado, abriendo un flanco al abuso y delitos de
toda índole con personas de extrema vulnerabilidad. Así lo constatan los
fiscales. La red más impenetrable es la de los chinos. Las bandas
criminales que operan en Centroamérica para ingresar ilegalmente a personas a
EE.UU., despojándolas de todas sus pertenencias, ya operan en nuestros puestos
fronterizos.
El
mismo día que en Chile era desbaratada –en menos de un mes- una segunda red de
trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, la “Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional” (UNDOC),
lanzaba una campaña mundial contra este tipo de delitos, que sigue en aumento,
generando millones de dólares a organizaciones criminales internacionales. Bajo
el lema “Sacarlos del negocio”,
el organismo difundió un reportaje tituladoTráfico ilícito de migrantes genera
miles de millones cada año para los criminales, acompañado de un video sobre los tres
principales ilícitos que generan más dinero en el mundo. La
mayor preocupación del organismo internacional radica en el hecho de que el
“tráfico ilícito de emigrantes” es una actividad “altamente rentable con un
riesgo relativamente bajo de persecución legal”.
Eso es
precisamente lo que ha estado ocurriendo en Chile, país que en los últimos años
se ha transformado en el paraíso de estas redes de crimen organizado, ya sea
como receptor o como vía de tránsito de personas con destino a otras regiones.
Las razones: el buen momento económico que vive este país respecto de sus
vecinos, y la falta de regulación y aplicación de las leyes que condenan este
tipo de delitos en convenios internacionales (Tratado de Palermo), los que
Chile ha suscrito, pero que en definitiva no aplicaba.
A las
bandas criminales que “trafican” personas desde su país de origen hacia Chile
–como la que CIPER descubrió y que operaba en el exclusivo barrio El Golf desde
hacía nueve años (vea reportaje)- destapándose el caso los primeros días de septiembre de 2012, se suman otras organizaciones de
delincuentes internacionales que se han establecido cerca de nuestros puestos
fronterizos, a la espera de inmigrantes que son rechazados al querer ingresar
al país. Es en ese momento que los llamados “coyotes” entran en acción.
El
sacerdote católico Idenilso Bartolotto, quien pertenece a la comunidad
misionera de los Scalabrini, quiénes trabajan desde 1952 con inmigrantes en
Chile, relató a CIPER que los llamados “coyotes” meten a estas personas en
camiones de carga o los llevan hasta pasos no habilitados, para ingresarlos
ilegalmente al país. Estas bandas criminales les cobran por el “servicio”, pero
no siempre les cumplen, quedándose con el dinero que duramente los inmigrantes
han juntado para venir a buscar a Chile sustento para sus familias.
-A mí
me tocó conocer el año pasado el caso de unos inmigrantes que fueron
abandonados en el desierto. A otros, los llevaron a un lugar despoblado para
robarles todo lo que tenían y luego los dejaron abandonados. Si bien no estamos
en la complejidad que reviste el tráfico de personas en Centroamérica y México,
vamos camino a eso si realmente este problema no se trabaja a tiempo –afirmó a
CIPER Bartolotto.
LOS
“COYOTES” LLEGAN A NUESTRAS FRONTERAS
Idelniso
Bartolotto, quien llegó a nuestro país hace tres años y desde entonces es el
vicepresidente del Instituto Católico de Migraciones (INCAMI), describió a
CIPER el incremento del tráfico de personas en Chile, generado en gran medida
por el aumento creciente de inmigrantes que están llegando a nuestro país en
los últimos años, buscando mejores condiciones de vida:
-Claramente,
Chile se ha transformado en un receptor de inmigrantes, incluso de países más
alejados, como es el caso de haitianos, colombianos y dominicanos. Muchos de
ellos, al llegar a la frontera, son impedidos de entrar por un funcionario
policial que no los considera turistas y los rechaza, ya que vienen sin ningún
tipo permiso de trabajo o residencia. Estas personas quedan a la deriva, dando
vuelta cerca de los puestos fronterizos, donde son fácilmente presas de redes
que les ofrecen ingresarlos al país de manera clandestina. En las casas del
INCAMI, tanto en el norte del país, como la que tenemos en Mendoza (Argentina),
hemos encontrado inmigrantes que han sido objeto de engaño y abuso de estas
redes. Este tráfico, que antes se veía solo en Centroamérica y México, para
entrar a Estados Unidos, en los últimos años lo estamos viendo en Chile.
La
mayoría de las organizaciones de “coyotes” que operan en nuestras fronteras,
según el sacerdote Idenilso Bartolotto, se ocupan principalmente del ingreso
ilegal de hombres. La mayoría llega buscando trabajo. De allí que, luego de
traspasar la frontera, la amenaza de nuevos problemas para ellos se mantenga.
“Muchos empresarios ven al inmigrante como mano de obra barata y también
intentan aprovecharse de su vulnerabilidad”, cuenta el sacerdote.
-Si vemos lo que pasó con los paraguayos que hacían trabajar en el campo de Francisco Javier Errázuriz, es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Un empresario de su nivel, teniendo a estas personas en esa situación de precariedad, ¡es inconcebible! Nosotros estuvimos en su campo y pudimos ver las condiciones en que los tenían. En primer lugar, yo pienso que el sueldo mínimo para ese tipo de trabajo es indigno.Pero, además, los empresarios deben cumplir las obligaciones que ofrecen en los contratos. Nosotros estuvimos ahí nuevamente, no hace mucho, y pudimos ver que ahora esos trabajadores han conseguido mejores condiciones, no con el denunciado Francisco Javier Errázuriz, sino con su hijo. Pero eso se logró porque los medios de comunicación dieron cuenta del abuso. ¡Eso no está bien! Hay muchos empresarios que ven a la inmigración como la oportunidad de una mano de obra barata, y eso hay que cambiarlo. Al inmigrante debemos verlo como un emprendedor que viene en busca de mejores condiciones, y para eso ofrece su trabajo –afirma Idenilso Bartolotto.
La
organización criminal que capturaba ciudadanos paraguayos de ambos sexos para
ser explotados laboralmente en Chile, fue denunciada por el
equipo periodístico de Contacto, de Canal 13, en julio de
2011. Allí se mostraron imágenes de dos fundos del empresario y ex candidato
presidencial, Francisco Javier Errázuriz, ubicados en la VI Región, donde se
vio a los paraguayos trabajando en denigrantes condiciones, sin siquiera un día
de descanso a la semana. “Es una vergüenza nacional”, dijo la ministra del
Trabajo, Evelyn Matthei. Errázuriz fue llevado a juicio en calidad de imputado
por el delito de trata y tráfico de personas, proceso aún en curso.
Si bien
los casos de abusos con inmigrantes que ha conocido en Chile remecen al
sacerdote de los misioneros scalabrini, es al momento de relatar situaciones de
tráfico de mujeres cuando evidencia su mayor dolor. Allí operan redes muy bien
organizadas que “las apadrinan” en las fronteras o en su país de origen,
proporcionándoles las condiciones para que no sean devueltas en los puestos
fronterizos. Así, ingresan al país como turistas o con promesas de trabajo,
para luego hacerlas objetos de explotación sexual y laboral.
-A
muchas de ellas las hemos podido ayudar para que se puedan reinsertar de una
manera legal en un trabajo digno. Lo grave es que muchas de ellas quedan con
secuelas serias: están tan victimizadas, que asumen las peores situaciones como
si fueran normales. Llegan a pensar que la vida es así, y cada vez se van
hundiendo más, hasta que ya sea por una ayuda externa o por un último esfuerzo
de ellas mismas, deciden dar un paso fuera de ese círculo y llegan pidiendo
ayuda.
Uno de
los denominadores comunes que los sacerdotes que trabajan junto a Idenilso
Bartolotto han encontrado en las personas víctimas de estas bandas criminales,
es el miedo. “Es propio de estas redes que lucran con la trata de personas el
infundir mucho miedo a través de las constantes amenazas. ¡Atemorizar! Por eso,
les quitan sus pasaportes, para que no puedan irse. Y las amenazan con hacerles
algo a sus familiares que quedaron en el país de origen. A los hijos o a los
padres. Les infunden temor para mantenerlas bajo su dominio. En los últimos dos
años, por ejemplo, a nosotros nos ha sorprendido la cantidad de dominicanas que
nos han relatado situaciones como estas”.
Otros
casos similares con ribetes dramáticos han sido de mujeres africanas. Del
tráfico de ciudadanos chinos, el sacerdote sí ha escuchado, pero no le consta:
“Si bien uno escucha que existe, a nosotros no nos ha llegado ni un solo caso.
Son espacios que estas redes de tráfico cuidan mucho, donde tienen mayor
control, por lo que a las personas traficadas les es mas difícil escapar”.
CIPER
sí encontró hechos que muestran que no todo el explosivo aumento de inmigración China hacia Chile pasa por los conductos regulares.
POETAS CHINAS “EMERGENTES”
El
vicepresidente del INCAMI no se equivocó. Todas las fuentes policiales
consultadas por CIPER coinciden en que, al tráfico de personas de origen
asiático -siendo el más importante el de ciudadanos y ciudadanas chinas que
ingresan a nuestro país-, es muy difícil seguirle la pista. Para los efectivos
policiales que han investigado el problema y que accedieron a conversar con
CIPER, es un delito muy difícil de resolver ya que han detectado grupos de
chinos que ingresan al país y a los pocos días simplemente desaparecen. A
veces, sin dejar rastro de su salida de Chile. En otros casos, se registra el
ingreso de personas que cuentan con promesas de trabajo, inician los trámites
para obtener el permiso de residencia y, antes de conseguirlo, abandonan el
país con rumbo a Europa, Estados Unidos o Canadá.
El obstáculo
más importante para avanzar en la detección de las redes que operan en este
tráfico, es el idioma. La mayoría de las veces que se descubre a ciudadanos
chinos residiendo ilegalmente en Chile, la policía se estrella con una muralla
de silencio. Dicen no entender el idioma y ni siquiera cuando son asesorados
por un traductor, cooperan. CIPER constató en terreno el “escudo” idiomático.
En un video que uno de los participantes del congreso filmó en el evento, se aprecia a las tres mujeres al momento de ser presentadas como “un grupo de poetas chinos emergentes”. En el video se ve a Jianfen Zhang, quién leyó en chino un texto que no fue traducido para el resto de los participantes. Una poeta brasileña, comentó a CIPER que, al terminar el acto, se acercó a las poetas chinas y en inglés les preguntó de qué trataba el texto leído. Ninguna de las tres le contestó: no hablaban inglés.
A fines de octubre de 2011, a CIPER llegó una denuncia: “un empresario chino estaría ingresando ciudadanos de su país con fines desconocidos”. Al investigar, constatamos que efectivamente eso había sucedido con tres ciudadanas de ese país. Las tres mujeres de nacionalidad china ingresaron a Chile con visa, siendo registradas como “poetas” que viajaron para participar del “VI Encuentro Internacional de Poetas”, evento que se desarrolló en distintas localidades, incluyendo una actividad cultural en Isla Negra, donde está ubicada la casa de Pablo Neruda.
El 22 de octubre, seis días antes del inicio oficial del congreso, quedó registrado el ingreso -por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez- de las ciudadanas chinas Jianfen Zhang y Pinhua Wu. En el mismo avión, también venía una tercera “poeta” china, Xioohong Zhang. Sin embargo, su entrada no quedó en los registros de Policía Internacional. Desde el mismo aeropuerto, las tres ciudadanas chinas fueron trasladadas hasta Isla Negra.
Esa fue su primera y única presentación como participantes del “VI Encuentro Internacional de Poetas”. Al día siguiente, el grupo tenía una presentación oficial en La Moneda. Las tres ciudadanas chinas no llegaron a la cita. Tampoco figuran en el registro del hotel que acogió en Santiago a los casi 50 poetas venidos desde distintos países. De las tres ciudadanas chinas no se supo más nada.
Días antes de que se cumplieran tres meses de su llegada al país, dos de las tres ciudadanas chinas salieron de Chile hacia Argentina, por el paso fronterizo Los Libertadores.
EL ROL DE “FACUNDO”
La persona que gestionó en Chile las visas de las tres mujeres chinas, registrándolas como “poetas”, es Adán Bórquez Carvajal, quién usa el seudónimo de Facundo Leilaf. Cuando la policía investigaba el paradero de las ciudadanas chinas, al no aparecer más en el congreso de poetas, le consultó a Bórquez, quien respondió escueto: “No tengo ni idea: deben haber vuelto a su país”.
El viaje a Chile de las tres mujeres chinas fue financiado por un importante empresario, también de nacionalidad china, Lai Qigiang, de 42 años, quien es dueño de tiendas y restaurantes en el sector de Patronato, en Santiago. Qigiang, es dueño de UNIHOGAR, un edificio de cinco pisos ubicado en calle Artesanos 681, en la comuna de Recoleta. También exhibe su participación en negocios (como representante de Unilays.com) en Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, y Ecuador.
CIPER se acercó a una de las propiedades que figura a nombre de Lai Qigiang, en Recoleta, pero el ciudadano chino que nos recibió, quien se presentó como “el responsable de los negocios de Lai”, solo accedió a decir que este no se encontraba en Chile: “Está atendiendo sus negocios en Canadá y Estados Unidos y vuelve a fines de año”. Tampoco quiso darnos su nombre. Y al momento de mostrarle la foto donde aparecen las “poetas chinas”, para saber si las conocía, pareció olvidarse del español que habló de manera bastante correcta al inicio y ya no fue posible sacarle ni una palabra más. Entre señas, lápiz y papel, dijo que cualquier consulta se la hiciéramos por correo electrónico a secretaria@unilays.com.
VISAS BAJO SOSPECHA
Según registros de la Subsecretaria del Interior, que CIPER pidió por Ley de Transparencia, en los últimos cuatro años (2008-2011) han ingresado a nuestro país 31.002 ciudadanos chinos. Solo en 2011, se contabilizaron 10.539 entradas por los puestos fronterizos nacionales.
Un diplomático que ocupó durante años un alto cargo en la embajada chilena en Pekín, y que pidió expresa reserva de su identidad, relató a CIPER las extrañas condiciones de quienes pedían visa -y también de su aprobación-, de las que él mismo fue testigo mientras trabajó en el consulado de Pekín:
-Llegaban a pedir visa personas de origen muy humilde, la mayoría trabajaba en el campo, con contrato de trabajo desde Chile para cargos profesionales. Como en China tú consigues cualquier cosa por canales paralelos, y si tienen que presentar un título universitario, lo obtienes, a mí me tocó ver personas que claramente no sabían ni siquiera escribir y mostraban su título. Generalmente, estas personas venían al consulado acompañadas por gente que funcionaba como “sus representantes”, que les llenaban los formularios y no los dejaban ni siquiera hablar. En muchos casos me tocó negarles la visa, ya que las sospechas eran muy evidentes. Pero le puedo decir que, al menos en dos o tres ocasiones, me pasó que a los pocos días me llegaba una orden desde Chile diciendo que debía autorizar esas visas –relató a CIPER este diplomático.
Dada su experiencia, al ser consultado el mismo diplomático sobre el objetivo que tendrían estas extrañas autorizaciones de visa en Pekín, para ingresar a Chile, su respuesta fue: “Desde hace algún tiempo que se escucha de la existencia de redes internacionales de trata de personas, que usan a Chile como país de tránsito para otros países, ya sea de Europa, Estados Unidos y Canadá. Redes que poco a poco se ha ido instalando en Sudamérica”.
La fiscal Carolina Suazo, de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, quien se ha especializado en delitos sexuales, dijo a CIPER que no cabe duda que “Chile esta siendo un país de destino de la trata de personas” (Ver recuadro). Por ello, celebró la primera condena en Chile a una organización criminal por este delito -que capturaba mujeres dominicanas para fines de explotación sexual-, y el precedente jurídico que marca:
-El fallo con la condena para quienes operaban una red que trataba con ciudadanas dominicanas, marca precedentes desde varios puntos de vista. Porque es el primero por trata interna en nuestro país, después de la modificación de la Ley 20.507, que sanciona el traslado de víctimas dentro de Chile, con aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual. Además, porque por primera vez se sanciona la asociación ilícita para cometer delitos de trata de personas. Hubo el reconocimiento de una organización criminal que operaba con la finalidad de cometer delitos con trata de personas. Eso no se había dado antes y será de muchísima utilidad para casos futuros.
Fiscal Carolina Suazo, especializada en delitos sexuales, de la Fiscalía Centro-Norte
-¿Qué pasa con los proxenetas, que han traído a personas para trabajar ejerciendo el comercio sexual, pero con su consentimiento? ¿También se los considera cometiendo el delito de trata de personas?
Estas personas que favorecen a terceros con estos fines, pueden ser condenados por un ilícito que existe en nuestra legislación, pero que no está sancionado en el artículo 411 de la ley que sanciona la trata de personas. Es el artículo 411 T, inmediatamente anterior, que sanciona al que promueva o facilite el ingreso o salida de personas para el ejercicio de la prostitución. Algunos denominan a esa figura “trata de personas con consentimiento”, otros “promoción o facilitación de prostitución”, porque propiamente no es un delito de trata de personas en los términos definidos por el legislador internacional.
“CHILE PAÍS DE DESTINO DE TRATA DE PERSONAS”
-¿Cuál es el delito que cometieron las personas condenadas por haber mantenido en Chile trabajando como prostitutas a ciudadanas de República Dominicana?
En este caso, hay tres puntos trascendentales que analizar a la hora de determinar si estamos en presencia o no del delito de trata de personas, tal como está señalado en el Protocolo de Palermo, los tratados internacionales que regulan este problema para todos los países. Una actividad ilegal que puede consistir en la captación, traslado -y aquí está la novedad, porque puede ser incluso dentro del país e igual se configura el delito- de personas, como el caso que acaba de condenar el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Además de la captación y traslado, es una conducta punible o sancionable acoger o recibir víctimas.
En este caso, hay tres puntos trascendentales que analizar a la hora de determinar si estamos en presencia o no del delito de trata de personas, tal como está señalado en el Protocolo de Palermo, los tratados internacionales que regulan este problema para todos los países. Una actividad ilegal que puede consistir en la captación, traslado -y aquí está la novedad, porque puede ser incluso dentro del país e igual se configura el delito- de personas, como el caso que acaba de condenar el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Además de la captación y traslado, es una conducta punible o sancionable acoger o recibir víctimas.
Lo segundo que hay que analizar, son los medios para realizar dicha actividad ilegal: coacción, engaño y, en general, aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas. Esto se da prácticamente en todos los casos. En general -porque hay también hombres-, mujeres en situación de pobreza que necesitan subsistir o aportar dinero para que su familia pueda subsistir. Muchas de ellas son analfabetas o tienen escasa educación, e incluso algunas presentan problemas cognitivos. Y llegamos a la tercera parte, la finalidad, que luego de la modificación de la Ley 20.507, y después del 8 de abril de 2011, que consiste no solo en prostitución, sino que explotación sexual en general. Por ejemplo, una persona que es captada con aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, para realizar espectáculos pornográficos. Allí igual existe explotación sexual. Otra finalidad es la explotación laboral. Y una tercera es la extracción de órganos.
-¿Existen en Chile casos concretos de personas capturadas para que les sean extraídos los órganos y traficar con ellos?
No hemos tenido denuncias de ese tipo en nuestro país, pero sí existen a nivel latinoamericano. Como el de un ciudadano brasileño que fue uno de los primeros casos denunciados de trata de personas con fines de extracción de órganos.
No hemos tenido denuncias de ese tipo en nuestro país, pero sí existen a nivel latinoamericano. Como el de un ciudadano brasileño que fue uno de los primeros casos denunciados de trata de personas con fines de extracción de órganos.
-¿Qué pasa con los proxenetas, que han traído a personas para trabajar ejerciendo el comercio sexual, pero con su consentimiento? ¿También se los considera cometiendo el delito de trata de personas? Estas personas que favorecen a terceros con estos fines, pueden ser condenados por un ilícito que existe en nuestra legislación, pero que no está sancionado en el artículo 411 de la ley que sanciona la trata de personas. Es el artículo 411 T, inmediatamente anterior, que sanciona al que promueva o facilite el ingreso o salida de personas para el ejercicio de la prostitución. Algunos denominan a esa figura “trata de personas con consentimiento”, otros “promoción o facilitación de prostitución”, porque propiamente no es un delito de trata de personas en los términos definidos por el legislador internacional.
-¿Cuáles son los puntos más importantes de la modificación de la ley en Chile, que permiten ahora la condena de organizaciones criminales que se dedican a la trata de personas?
Antes de la modificación de la ley, la trata de personas interna, en el país, no era una situación que terminara en condena. Y eso es terrible: casos de abusos gravísimos quedaban impune porque nuestra legislación no tenía esta figura reglamentada de acuerdo a los parámetros internacionales que Chile sí había suscrito. Por ello, la modificación ha sido muy relevante, por ejemplo, para efectos de condenar el caso reciente del traslado de una víctima dentro del país. Hablamos del traslado que provoca un desarraigo en la víctima y tiene por última finalidad el ejercicio de la prostitución. En este primer caso de condena de trata interna, estamos en presencia de una víctima que había llegado hace muy poco tiempo a nuestro país, procedente de Republica Dominicana, que no sabía a dónde estaba siendo llevada, que no sabía dónde quedaba San Antonio y menos cómo regresar a Santiago. A esa persona, además, le dijeron que iba a desempeñar labores distintas en San Antonio, y solo cuando estaba en esa localidad y no tenía como regresar, le indicaron que el trabajo era prostituirse.
Antes de la modificación de la ley, la trata de personas interna, en el país, no era una situación que terminara en condena. Y eso es terrible: casos de abusos gravísimos quedaban impune porque nuestra legislación no tenía esta figura reglamentada de acuerdo a los parámetros internacionales que Chile sí había suscrito. Por ello, la modificación ha sido muy relevante, por ejemplo, para efectos de condenar el caso reciente del traslado de una víctima dentro del país. Hablamos del traslado que provoca un desarraigo en la víctima y tiene por última finalidad el ejercicio de la prostitución. En este primer caso de condena de trata interna, estamos en presencia de una víctima que había llegado hace muy poco tiempo a nuestro país, procedente de Republica Dominicana, que no sabía a dónde estaba siendo llevada, que no sabía dónde quedaba San Antonio y menos cómo regresar a Santiago. A esa persona, además, le dijeron que iba a desempeñar labores distintas en San Antonio, y solo cuando estaba en esa localidad y no tenía como regresar, le indicaron que el trabajo era prostituirse.
Otra gran modificación de la ley, es la sanción de trata de personas con fines de explotación laboral, lo cual no era sancionado en nuestro país. Personas sometidas a condiciones que afectan los derechos fundamentales de las víctimas. Situaciones absolutamente denigrantes y desmejoradas respecto de cualquier trabajador. En algunos países, esta misma figura de explotación laboral, se ha asimilado a casos en que los delincuentes destinan a las personas al ejercicio de la mendicidad. Y han sido condenados por trata con fines de explotación laboral.
-Respecto de la organización que hacía tráfico con mujeres provenientes de Republica Dominicana, ¿se consiguió condenar a todos los participantes?
Dentro de la complejidad de la investigación de este tipo de ilícitos, en que opera una organización con varios integrantes, acreditar la participación de cada uno es muy complejo. Y el principal obstáculo es el tiempo que se nos da para llevar a cabo la investigación. En otros países, investigaciones por este tipo de delitos tienen una duración legal de al menos dos años, en cambio, en Chile, ese plazo es mínimo. La complicación mayor es cuando solicitamos cooperación internacional (cuando contactamos a los países de las víctimas), y la respuesta no llega en el tiempo requerido. Si bien aquí en Chile la ley establece un tiempo máximo de investigación de dos años, ese tiempo judicial prácticamente nunca se otorga. ¿Por qué? Porque una vez que se formaliza la investigación, la defensa solicita un plazo determinado, la fiscalía puede pedir ampliación del plazo, como en este caso de las ciudadanas dominicanas en que se dio un plazo inicial de 90 días. Pero no fue suficiente para todas las diligencias pendientes. La fiscalía pidió nueva prolongación, la defensa la rechazó y el tribunal resolvió cerrando la investigación. Esperamos que este problema preciso tenga pronta solución, porque son investigaciones complejas que sin duda requieren más tiempo de investigación que un homicidio, una violación o un robo con intimidación. Es así, seamos país de destino, tránsito o de origen del ilícito.
Dentro de la complejidad de la investigación de este tipo de ilícitos, en que opera una organización con varios integrantes, acreditar la participación de cada uno es muy complejo. Y el principal obstáculo es el tiempo que se nos da para llevar a cabo la investigación. En otros países, investigaciones por este tipo de delitos tienen una duración legal de al menos dos años, en cambio, en Chile, ese plazo es mínimo. La complicación mayor es cuando solicitamos cooperación internacional (cuando contactamos a los países de las víctimas), y la respuesta no llega en el tiempo requerido. Si bien aquí en Chile la ley establece un tiempo máximo de investigación de dos años, ese tiempo judicial prácticamente nunca se otorga. ¿Por qué? Porque una vez que se formaliza la investigación, la defensa solicita un plazo determinado, la fiscalía puede pedir ampliación del plazo, como en este caso de las ciudadanas dominicanas en que se dio un plazo inicial de 90 días. Pero no fue suficiente para todas las diligencias pendientes. La fiscalía pidió nueva prolongación, la defensa la rechazó y el tribunal resolvió cerrando la investigación. Esperamos que este problema preciso tenga pronta solución, porque son investigaciones complejas que sin duda requieren más tiempo de investigación que un homicidio, una violación o un robo con intimidación. Es así, seamos país de destino, tránsito o de origen del ilícito.
-¿Hay evidencia de que ha aumentado en Chile el ilícito de trata de personas?
Con los datos que poseemos de las investigaciones realizadas, y las que se encuentran vigentes, podemos concluir preliminarmente que la gran cantidad de casos nos muestra que Chile esta siendo un país de destino de la trata de personas. Y eso tiene que ver con la realidad económica que vive nuestro país, con que efectivamente la tasa de desempleo es aceptable, por decirlo de alguna forma, y porque a nivel de nuestros países vecinos Chile tiene lo que podemos calificar una buena situación económica.
Con los datos que poseemos de las investigaciones realizadas, y las que se encuentran vigentes, podemos concluir preliminarmente que la gran cantidad de casos nos muestra que Chile esta siendo un país de destino de la trata de personas. Y eso tiene que ver con la realidad económica que vive nuestro país, con que efectivamente la tasa de desempleo es aceptable, por decirlo de alguna forma, y porque a nivel de nuestros países vecinos Chile tiene lo que podemos calificar una buena situación económica.
EL VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2012 CAYÓ EN CHILE NUEVA RED DE TRATA DE PERSONAS DE INMIGRANTES HAITIANOS.
A no ser por el paso en falso que dio el dominicano Luis Ramírez en el aeropuerto, al perseguir durante meses a “Viviana Rodríguez”, policía chilena, la banda que traficaba con ciudadanos haitianos no habría sido detectada. “Viviana” se convirtió en agente encubierta mientras un equipo especializado les seguía los pasos. En los últimos ocho meses todos ellos vieron cómo 17 haitianos fueron traídos a Chile con promesas de trabajo, a cambio de dinero, para luego ser abandonados a su suerte en la capital. Ramírez, quien se decía ex policía, y exhibía su placa; y su lugarteniente, el que aparecía como pastor evangélico, están en prisión preventiva.
El verdadero nombre de El Poli es Luis Ramírez. Es corpulento, tiene 31 años, la tez morena y un cuento que le ha contado a todos los que ha conocido en Chile: que en su país formó parte de la Policía Nacional y que trabajaba en la ciudad fronteriza de Dajabon. De hecho, tiene una placa con su nombre y que disfruta mostrando a todos, a la vez que relata que fue por la cantidad de enemigos que hizo combatiendo a “las mafias” de tráfico de personas que huyó de República Dominicana. Dice que esas mafias contaminaban incluso a sus “colegas policías”. Por eso le dicen así: El Poli.Cuesta entender por qué El Poli llamó desde su celular a “Viviana Rodríguez”. Eso ocurrió a fines de diciembre de 2011, y apenas la había visto una vez en el aeropuerto internacional de Santiago. Menos aún se explica que la haya seguido llamando durante meses para convencerla de que se juntaran a conversar. Y sobre todo, sabiendo que ella es policía. Los que lo conocen, saben que es un tipo amigable pero muy desconfiado. Que nunca usa las mismas rutas ni los mismos medios de transporte para llegar a su domicilio en Estación Central. Que a veces va en taxi, para luego bajarse en cualquier esquina y tomar el Metro y que después, sin razón aparente, sale de alguna estación –siempre una distinta– y se sube a una micro, cualquiera, la que esté en el paradero. Que cuando cree que lo siguen, se para frente a un ventanal para ver en el reflejo del vidrio a todos a su alrededor. Sus vecinos creían simplemente que era paranoico. Pero razones tenía suficientes para sentirse perseguido: desde que emigró de República Dominicana y se instaló legalmente en nuestro país, en diciembre del 2010, su negocio ha sido el tráfico de inmigrantes.
CIPER ha seguido su rastro desde hace meses porque él es cabecilla de una banda dedicada al ingreso de ciudadanos haitianos al país. Su nombre, o más bien su apodo, sonó por primera vez mientras investigábamos una red de “trata de personas” para la prostitución que operó durante nueve años en el corazón del barrio El Golf (Santiago). Y siguió sonando mientras reporteábamos los mecanismos que utilizan en Chile los grupos que ingresan inmigrantes para la explotación sexual y laboral. Ahora que cayó detenido junto a sus dos secuaces la noche del jueves 4 de octubre, publicamos la tercera y última parte de una serie que da cuenta de que “los coyotes” ya operan en Chile. Esta es la historia del dominicano que en tres meses ingresó a unas 17 personas al país y que luego de cobrarles –por lo menos– US$ 1.000 a cada uno y hospedarlos una noche en su casa, los abandonó a su suerte.
LA MUJER DEL AEROPUERTO
“Viviana Rodríguez” no se llama así. Le cambiamos el nombre para este reportaje porque después de conocer a El Poli, pasó a ser una policía encubierta. La primera vez que se vieron fue a fines del año pasado, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Allí, Rodríguez formaba parte del equipo del departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) y se encargaba de perfilar a los pasajeros cuando los funcionarios de aduana encuentran algo extraño en su documentación. Una visa falsa o un pasaporte posiblemente adulterado, por ejemplo. Y en el último tiempo, ha sido testigo de cómo ha aumentado el arribo de gente víctima de la trata de personas, el delito tipificado en la Ley 20.507 que consiste en hacer entrar a alguien al país con fines de lucro. Muchos de ellos provienen de Haití, el país más pobre del continente.
Entre 2009 y 2011, según un estudio realizado por la un grupo de analistas de la PDI , se registraron en Chile 3.427 movimientos migratorios de turistas haitianos. De ellos, 2.681 fueron de entrada. Sólo 746 volvieron a salir del territorio nacional. Para Emiliano Arias, fiscal jefe de la Fiscalía de Pudahuel, ese aumento en el flujo de inmigrantes desde Haití “es inusitado e injustificado, porque la gran mayoría de ellos no cumple con los requisitos para hacer turismo en Chile y es evidente que vienen con la idea de trabajar”. Si los ciudadanos haitianos –o de cualquier otra nacionalidad– llegaran con una visa tramitada que les permitiera desempeñarse en el mercado laboral, no habría problemas. Pero como muchos han arribado como turistas, sólo pueden estar en el país por tres meses y tienen vedado trabajar.
La cifra llegó a su punto peak en 2011, cuando de los 1.369 haitianos que llegaron, 1.056 se quedaron en el país, la mayoría sin regularizar su situación. Ese mismo año, se entregó el 50,7% del total de las visas a personas de esa nacionalidad en el último trienio. Ese aumento provocó que los controles migratorios se acrecentaran en el aeropuerto. A “Viviana Rodríguez” le tocó ser parte de ese proceso. Muchos inmigrantes haitianos han sido deportados por no contar con los documentos que acreditan un motivo razonable de visita. Otros han terminado por reconocer -en interrogatorios- que llegaron traídos por una persona que les cobró por ingresarlos bajo la promesa de un buen empleo y buena paga, algo escaso en su país de origen. Mientras que otros tantos, como el de aquella tarde de fines de diciembre de 2011, han logrado sortear los controles.
Entre ellos destaca la historia de A.R.S., quien ingresó a Chile el 22 de mayo de este año, después de haber vendido su casa en Haití para pagar a El Poli, el que le prometió en Chile un trabajo para alimentar a sus hijos en Haití. Una noche después de su llegada, la mujer fue abandonada en la misma Estación Central.
UN POLICÍA HACIENDO NEGOCIOS
Faltaba poco para celebrar las fiestas de fin de año cuando a Rodríguez le tocó revisar los papeles de un inmigrante haitiano que decía venir como turista. Le contó que un familiar lo esperaba afuera. El hombre estaba nervioso. La mujer le preguntó dónde se hospedaría mientras miraba su pasaporte. Él decía que en la casa de su familiar. Le preguntó entonces cómo se llamaba su familiar y dónde vivía. Él dudo un momento y no supo bien qué responder. El hombre sudaba y su voz parecía temblar. Para Rodríguez, como el resto del equipo especializado de Extranjería de la PDI que trabaja en el aeropuerto, era una clara señal de que algo extraño escondía. Lo dejó pasar, pero lo acompañó hasta la salida del aeropuerto. Ahí estaba Luis Ramírez, El Poli. Fue la primera vez que ambos se vieron.
El Poli se presentó con su acento dominicano ante Rodríguez y le dijo que era un policía del país centroamericano radicado en Chile y que el hombre que había escoltado hasta la salida efectivamente era su amigo. Como también le mostró unos papeles que parecían estar en orden, e incluso su placa de la Policía Nacional, Rodríguez los dejo ir. Al parecer, se había equivocado y el hombre sí era un turista.
Días después, la funcionaria de la PDI recibió una llamada. Era El Poli y le decía que quería hablar con ella. “Viviana Rodríguez” le preguntó sobre qué, pero no obtuvo respuesta. Sólo le dijo que quería conversar. Durante varios días, semanas, meses, Rodríguez siguió recibiendo llamadas de su supuesto colega dominicano invitándole a charlar un rato, pero ella lo evadía. CIPER no pudo determinar si en algún momento se reunieron o no, pero si que las llamadas se hicieron más intensas por parte de quien decía ser policía dominicano. Para la funcionaria de la PDI, esto se había vuelto un incordio, sobre todo, la insistencia de querer juntarse. Especialmente cuando ese mismo mes, El Poli le dijo que quería juntarse con ella afuera del aeropuerto. Ella volvió a preguntar para qué. Pero esa vez –cuesta entender por qué– le respondió que quería pedirle ayuda para ingresar a Chile a más personas de Haití. Y le ofreció una parte del negocio: US$ 400 por cada uno.
LA BANDA DEL POLICÍA Y EL PASTOR
Ese último contacto selló la suerte tanto del dominicano como de la policía del aeropuerto. Rodríguez lo conversó con su superior y, después de poner el 14 de marzo una denuncia ante el Ministerio Público por posible trata de personas (ante el Fiscal Emiliano Arias), El Poli pasó a ser objeto de una investigación a cargo del Equipo Especializado de Trabajo para la Investigación Policial de Tráfico de Personas. Una división de la PDI que se creó en septiembre de 2010 después de que se detectara en Chile una red de trata de ciudadanos pakistaníes, que terminó en condena y expulsión de los delincuentes.
La orden que recibió “Viviana Rodríguez” fue precisa: juntarse ese mismo día con El Poli y aceptar su oferta. Desde entonces (marzo), Rodríguez pasó a ser una agente encubierta en la red de El Poli, quien le pasó durante estos ocho meses US$ 400 por cada haitiano ingresado de forma irregular al país. En total, recibió US$ 6.400.
El primer “cargamento” de dos haitianos encargado por El Poli y coordinado en el aeropuerto por Rodríguez, llegó el 15 de marzo, un día después de que la PDI comenzara a investigar. Una de los pasajeros era una mujer de iniciales G.S.L. El otro eraCedanus Dorvil, El Pastor, un hombre moreno de 34 años y una contextura gruesa para sus 1,65 metros de estatura. Ambos pasaron sin problemas por el control de aduanas, aunque Rodríguez recibió paga sólo por uno, por la mujer.
Al principio, Rodríguez no sabía por qué. Eran dos personas y sólo US$ 400, la mitad de lo acordado. Pero la explicación era sencilla: Dorvil era pastor de una iglesia evangélica de Haití y tenía papeles en regla para entrar a Chile. Por eso le dicen así: El Pastor. Además, no era cualquier inmigrante: apenas llegó y se instaló en una casa en Pedro Aguirre Cerda, se sumó al lucrativo negocio de importar inmigrantes desde su país.
El rol de El Pastor en la estructura del tráfico armada por Luis Ramírez, era la de enviar las invitaciones para que los inmigrantes pudieran ingresar sin problemas. Lo hacía con un timbre de una iglesia evangélica de Santiago, aunque fuentes consultadas por CIPER en la Iglesia Evangélica Chilena indican que nunca nadie de ahí lo conoció.
Cinco días después llegó otro hombre desde Haití con una invitación para quedarse en una casa de Cerrillos. El 29 de marzo, fue el turno de una mujer que se hospedaría en Estación Central. Al mes siguiente llegaron cuatro vuelos con siete nuevos inmigrantes: cuatro hombres y tres mujeres. Por cada uno de ellos, Rodríguez recibió su paga, siempre pagada en dólares americanos.
Entre las personas que el dominicano y El Pastor trajeron en abril, había una mujer que llegó con un niño pequeño. Fue el primer error del supuesto policía dominicano, lo que le significó una reprimenda por parte de Rodríguez.
-En esa oportunidad se les prohibió el ingreso a la mujer y al pequeño. Por la documentación parecía saberse que se trataba de su madre, pero no había cómo probarlo. Los dos fueron deportados a su país –cuenta a CIPER el inspector Mauricio Luque, encargado de las diligencias para desarmar la red del El Poli.
Pero la PDI sí permitió la entrada de una menor. Las dos mujeres que ingresaron el 28 de abril eran madre e hija. La segunda tenía sólo 17 años. Según Luque, la dejaron pasar como parte de la investigación, “ya que aún no se determinaba con certeza con cuántas personas estaban actuando y cuál era el fin de estos ingresos. Tampoco si podía estar detrás de un tráfico de menores”.
UN TERCERO EN LA PANDILLA
En mayo, El Poli y El Pastor ingresaron a tres personas más: dos mujeres y un hombre. Y en junio, fueron otros cuatro: tres hombres y una mujer. Al igual que los que habían llegado antes, todos ellos cumplieron el mismo ritual: al pasar por la Aduana presentaron el papel con la invitación que habían recibido de distintas personas en Chile para hospedarse en diferentes domicilios y, al salir del aeropuerto, se reunían con El Poli y le entregaban los US$ 1.000 acordados en un sobre que decía “Diezmo” y que tenía el logo de una iglesia evangélica de República Dominicana.
Hecho eso, el dominicano y los recién llegados subían al auto patente YS4331, y partían hacia la casa del dominicano en Estación Central. Allí pasaban su primera noche en el país. Al despertar, tenían que partir y eran abandonados en algún lugar de la capital. Sin hablar el idioma, sin saber con certeza dónde estaban y ya sin dinero, quedaban a su propia suerte. Ya no eran problema de El Poli.
En el cargamento que ingresó el 4 de junio, cuando llegó el ciudadano haitiano de iniciales B.M., apareció un tercer hombre en la organización: Jean Blendy Mahotiere, también originario de Haití y domiciliado en Pedro Aguirre Cerda. Su inclusión como escolta y brazo operativo de la banda, fue producto de una negociación: si no lo incluían, iría a la policía y denunciaría a los dos miembros originales.
LA CAÍDA DE LOS TRAFICANTES DE HAITIANOS
En total, fueron 17 personas las que la banda de El Poli logró ingresar al país en ocho meses. Pero eso es sólo lo que la policía detectó por el control fronterizo del Aeropuerto Internacional de Santiago. Porque existen fundadas sospechas de que por la frontera norte, el mismo grupo de traficantes de personas también hacía su negocio ingresando inmigrantes con contratos de trabajo falsificados. En todo ese tiempo, el seguimiento que hizo la PDI logró acreditar cómo operaba la banda, lo que permitió que se emitieran órdenes de detención en contra de los tres implicados. El operativo inicial para hacerlos caer estaba contemplado para el martes 2 de octubre, cuando estaba previsto el ingreso a Chile del inmigrante número 18. Todo estaba listo, pero esa vez, extrañamente, El Poli no llegó al aeropuerto. El operativo se debió cancelar.
Según investigó CIPER, Lo único fuera de libreto que se hizo ese martes 2 de octubre, fue una visita al consulado de República Dominicana en Santiago, en donde se consultó por los antecedentes que esa delegación tenía sobre el ciudadano dominicano Luis Ramírez.
Para entonces, el grupo de policías de la PDI ya tenía identificado el paradero de los tres miembros de la red de tráfico de personas y también el de cada una de las personas que lograron ingresar al país. Algunos están trabajando en ferias y la mayoría en servicios domésticos. Ante el temor de que el dominicano Luis Ramírez (El Poli) hubiera sido alertado de su inminente aprehensión, la policía decidió apurar el cierre. En allanamientos simultáneos a cinco domicilios -dos en Estación Central, dos en Pedro Aguirre Cerda y el último en San Bernardo- fueron detenidos dos de los cabecillas de la banda y tres inmigrantes en situación irregular: un haitiano, un peruano y un ciudadano colombiano. Pero del jefe, no se encontró rastro.
Horas más tarde, Luis Ramírez fue detectado en la vía pública, en la intersección de Américo Vespucio con Vicuña Mackenna. Fue detenido y en su poder se encontraron varios documentos de identidad chilenos y dominicanos y su famosa placa que lo acreditaba como policía dominicano y que por cierto, era falsa. En su domicilio se le incautaron varios pasajes de la aerolínea COPA que estaban listos para ser utilizados.
El viernes 5 de octubre Luis Ramírez (El Poli), Cedanus Dorvil (El Pastor) y Jean Blendy Mahotiere, quedaron en prisión preventiva. La jueza de garantía le otorgó al fiscal Emiliano Arias, 60 días para completar la investigación. Con la nueva ley que sanciona en Chile el delito de tráfico de personas con fines de lucro, el trío arriesga una condena que va entre tres años y un día y 10 años.
La Fiscalía solicitará en los próximos días que a los haitianos internados ilegalmente a Chile se les regularice la situación y se les pregunte si desean permanecer en Chile. “Son personas en situación de extrema vulnerabilidad psicológica y económica. Es una brutalidad lo que han hecho con ellos”, dijo el fiscal Emiliano Arias.
JÓVENES
EXTRANJERAS Y CHILENAS ERAN
EXPLOTADAS EN LAS CONDES
Red de “trata de personas” para la
prostitución operó durante nueve años en el corazón del barrio El Golf.
En abril del año pasado fue reformada la ley sobre “trata de personas” para castigar con cárcel a quienes traen extranjeros para el lucrativo negocio del comercio sexual. Antes de esa modificación legal, Chile era un verdadero paraíso para los proxenetas, quienes arriesgaban penas irrisorias y volvían al negocio pocos días después de ser detenidos. CIPER investigó una banda que regentaba prostíbulos en un edificio residencial del exclusivo barrio El Golf -cuyos líderes fueron detenidos en la madrugada del jueves 6- y que explotaba a 21 mujeres, entre ellas 11 extranjeras procedentes de Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador.
El juicio por “trata de personas” que el pasado 20 de agosto apareció en todos los noticiarios de televisión, dejó nervioso al argentino Rubén Zapata Uribe. Las imágenes de las cuatro mujeres -dos dominicanas y dos chilenas- que fueron condenadas en el 4º Tribunal Oral de Santiago, le penaban a Zapata y a sus cuatro socios. Tenían razones para inquietarse. Se dedicaba al mismo negocio que las cuatro sentenciadas: comercio sexual de ciudadanas extranjeras. Y lo hacía en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la capital: El Golf.
A solo tres cuadras del recientemente inaugurado Costanera Center, a dos de la resguardada embajada de Israel y detrás de las embajadas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y Haití, en la calle Helvecia 240, Zapata operó durante nueve años (desde 2003) su imperio de prostitución. Allí administró cuatro departamentos en los que llegó a tener una veintena de mujeres -argentinas, colombianas y ecuatorianas- trabajando para él.
Las protestas de sus vecinos (el edificio de Helvecia 240 es de uso residencial y tiene 140 departamentos), sus denuncias ante la policía y los tribunales, no lograron clausurar en casi una década el negocio de Rubén Zapata. Sólo podía ser acusado de facilitación de la prostitución, un ilícito que no se paga con cárcel. Si cerraban sus departamentos, a los pocos días volvía a operar. Chile era el paraíso de los proxenetas. Lo era, hasta la reforma de la Ley 20.507 sobre “trata de personas”, que ahora sí penaliza duramente el negocio de Zapata y bajo la cual fueron condenadas las cuatro mujeres que él vio en las noticias del 20 de agosto.
En la madrugada de este jueves 6, Zapata fue detenido -junto a otras cuatro personas- en el aeropuerto de Pudahuel. Había llegado hasta el terminal aéreo para embarcar a tres mujeres. Iban rumbo a México, donde Zapata pretendía abrir una “agencia”, como le llamaba en su círculo más cercano. CIPER rastreó la organización de Zapata desde fines del año pasado y esa investigación dejó en evidencia que el argentino había resuelto dejar Chile, un país que se había vuelto peligroso para él y sus socios con la reforma a la ley de “trata de personas”. Pero lo hizo tarde. Ahora arriesga una pena que parte desde los cinco años y un día de presidio.
LAS CHICAS DOMINICANAS
La reforma a la Ley 20.507 se concretó en abril de 2011. Debió pasar más de un año para que se aplicara en el primer juicio oral por comercio sexual con mujeres extranjeras. Fue en el caso de las dominicanas que Zapata vio en la prensa. Ese proceso aún está a la espera de que se dicte la pena para las cuatro condenadas, la que será comunicada el viernes 7 de septiembre.
La modificación legal aumentó las penas y tipificó como delito algo que no estaba especificado anteriormente, castigando el tráfico de personas incluso cuando las víctimas hayan dado su consentimiento para involucrarse en el negocio ilícito. Ahora, la norma considera que el “facilitador” se aprovecha de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima. La reforma también se hace cargo de un punto que en lo sucesivo evitará que Chile sea un paraíso para los proxenetas que ingresan extranjeras a prostituirse, pues castiga a aquellos que se asocien para reclutar, alojar, transportar y alimentar personas con el objeto de que participen en el comercio sexual, y los somete a penas efectivas de cárcel.
En ese primer juicio, la fiscal Carolina Suazo acusó a Gregoria Manzueta, Orquídea Ubiera, Alba Arancibia y Mariana Fuenzalida -las dos primeras dominicanas y las siguientes chilenas- de formar una organización ilícita para el tráfico de mujeres con el fin de prostituirse.
Según la fiscalía, estas personas se encargaron de traer a Chile a 14 dominicanas, montando una red de prostitución que operó, entre 2010 y 2011, en Santiago, Rancagua y San Antonio. Cuando en mayo pasado un grupo del OS-9, al mando de la capitana Mitza González, desbarató esta red, encontró a una joven dominicana encerrada con candado en el lugar donde se prostituía.
El tráfico con fines de “explotación sexual” es estadísticamente el más alto en lo que se refiere a “trata de personas”: 76 % de las víctimas de este delito en el mundo son reclutadas para prostitución, según cifras de Naciones Unidas. Este mercado negro involucra más de US$32 mil millones de dólares al año a nivel global. Es el tercer negocio ilícito que más dinero mueve, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).
UN NEGOCIO CON POCO RIESGO
Las bases del lucrativo e ilegal negocio que desarrolló Rubén Zapata en pleno barrio El Golf, fueron sentadas por su compatriota Luis Alejandro González, originario de Córdoba. González llegó por primera vez a Chile a mediados del 2003, venía acompañado de su pareja, también argentina, Malvina Soledad Serrano.
-Conocí a Malvina en Córdoba, trabajábamos en un bar nocturno. Pero la cosa no estaba bien. Ella me dijo que su pareja se venía a Chile a poner un negocio. Que aquí las cosas andaban mejor y que si funcionaba, ella me avisaba para que me viniera a trabajar. No habían pasado más de dos o tres meses y me llama Malvina y me dice que necesitan chicas, que si yo estaba dispuesta a venirme y si podía invitar a más chicas -contó a CIPER una mujer argentina que se prostituyó en la red que lideró González y que ahora trabaja en una tienda en Providencia.
Esta joven cordobesa fue una de las decenas de chicas trasandinas, colombianas, paraguayas y ecuatorianas, que Luis Alejandro González trajo a Chile. Su método era muy estudiado y luego lo imitaría, hasta en los más pequeños detalles, la organización de Rubén Zapata. González partió montando un estudio fotográfico en el departamento 603 de la calle Antonio Varas 1.377. Ahí hacía un “álbum” de fotos de las chicas, desnudas o semidesnudas, que después publicaba en Internet, ofreciendo sus servicios.
-La primera vez que salimos en la web éramos solo cinco chicas, pero Lucho nos hizo parecer que éramos como 20. Nos sacaron un montón de fotos. Trajo un amigo, que nunca supe su nombre, al que le decíamos el Pelao, porque era pelado, aunque joven. Él era fotógrafo profesional. Nos sacamos la ropa e hicimos unas con bombachas, otras sin nada, en algunas se veían nuestras caras y en otras sólo el cuerpo. A cada una nos daban un nombre de fantasía y salimos publicadas. Yo salí con tres nombres diferentes: Sandy, Bety y Mari -comenta la joven cordobesa.
Esta primera organización se instaló en Providencia. Malvina Serrano, la mujer de Luis González, administraba el negocio: manejaba el celular al que se contactaban los clientes, cobraba y se encargaba del lugar donde operaban, Ricardo Lyon 1.516, departamento 22.
-Pronto el local nos quedó chico y muchos vecinos se quejaban, así que nos cambiamos a una casa que arrendó Lucho en calle El Vergel. El local se llamó “La Mansión” -recuerda la muchacha que trabajó para González.
Luis Alejandro González fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Oriente por lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación sexual. El interés de Impuestos Internos se debía a que el negocio le estaba proporcionando ingresos a sus cuentas bancarias entre $14 y $18 millones semanales, dineros que no declaraba. Pero cuando llegó el momento de involucrarlo directamente en el tráfico de personas para fines de explotación sexual, faltaron pruebas. Las jóvenes estaban instruidas para que, ante un allanamiento a la “La Mansión”, declararan que habían llegado a Chile por su propia voluntad y que tenían libertad de movimientos. Antes de la reforma a la Ley 20.507 bastaba con eso para que el proxeneta librara de la justicia.
González se vio obligado a abandonar el país después de que el OS-9 descubriera a una menor de edad ecuatoriana en “La Mansión”:
-La mayoría de las chicas quedamos en la calle y tuvimos problemas para volver a Argentina, porque nos pagaba cada 15 días y cuando Lucho se fue no teníamos plata -contó una de las mujeres desde Córdoba, en un contacto telefónico con CIPER.
“La Mansión” fue clausurada y González nunca fue a prisión. Hoy sigue en calidad de prófugo e Impuestos internos no alcanzó a congelar las cuentas donde almacenaba sus ganancias. Ahora, con la reforma a la ley sobre “trata de personas”, a su heredero, Rubén Zapata, no le fue igual.
EL PRONTO RELEVO
Rubén Zapata Uribe, sin profesión conocida, tiene residencia en Chile desde 2003. Al principio su rol se limitaba a proveer de mujeres extranjeras para el negocio de Luis González. Una vez que éste escapó de Chile, Zapata aprovechó sus contactos y se quedó como único jefe de la red. Uno de sus cómplices es Juan Córdova Morales, quien trabajaba antes con González.
La pareja de Córdova, Erika Pérez Ponce (38), era administradora de Central Suites, un apart hotel que funcionaba en dos pisos del edificio de Helvecia 240. Antes de que Zapata tomara el control del negocio, los vecinos del inmueble ya habían hecho denuncias en el Juzgado de Policía Local de Las Condes por desorden, malas prácticas de convivencia y uso clandestino de esos departamentos para el comercio sexual.
Rubén Zapata arrendó dos de los 12 departamentos que tenía a su cargo la pareja de Córdova. Ambos en el 6º piso (603 y 610). Luego reclutó a las chicas cordobesas que habían quedado dispersas después de la fuga de González. La investigación policial determinó que George Andrés Pool Varela y su pareja L.M.C., se encargaron de la administración de los departamentos de Zapata. Ellos cobraban a los clientes y pagaban a las mujeres. Pool Varela, además, traía chicas desde el extranjero. A los pocos meses, arrendaron dos departamentos más, esta vez en el 7º piso (705 y 706). De esa manera, se inició el calvario de las familias que vivían en el edificio, las que se habituaron a soportar ruidos, juergas, peleas y el tránsito permanente de extraños día y noche.“MI HOGAR SE VOLVIÓ UN PROSTIBULO”
-Mi mujer heredó el departamento y cuando tuvimos a nuestro tercer hijo, decidimos irnos a vivir ahí. Llegamos en 2004 ó 2005. Empezamos a escuchar quejas de otros vecinos, porque durante el día y sobre todo por la noche, entraba mucha gente ajena. Decían que algunos departamentos se usaban para prostitución, como motel -cuenta uno de los residentes, quien pide la reserva de su identidad por temor a represalias.
El mismo vecino dice que se hizo una reunión y se decidió estampar una denuncia en el Juzgado de Policía Local, pero las cosas siguieron igual.
-En febrero del 2008, en el departamento de arriba, empezaron ruidos día y noche. Lo había arrendado un argentino. Una vez subí y lo enfrente, pero me cerró la puerta en la cara y no le importó que llamara a Carabineros. Cuando llegaron los policías no pasó nada, porque después me enteré que los porteros les habían avisado y se habían cambiado de departamento –agrega el mismo vecino.
Después de ese episodio, él y su esposa recibieron amenazas de parte de “la mafia de los argentinos”, como la llaman en el vecindario. Al final, por temor, como muchos otros vecinos, decidieron mudarse. En 2010 pusieron el departamento en arriendo. Poco después, descubrió que su corredora de propiedades lo había alquilado al mismo argentino y que su antiguo hogar estaba convertido en un prostíbulo.
Otro vecino relató a CIPER que en 2006 “un cliente salió sin pagar y con un cuchillo que traía escondido, un corvo enorme, amenazó a la prostituta e incluso al portero. Ahí hicimos otra denuncia y llego hasta la PDI. Comenzó una investigación que duro varios meses y terminó con un allanamiento a los pisos denunciados. Fueron clausurados. Pero no pasaron ni cinco días y ya estaban funcionando nuevamente”.
CIPER constató que las denuncias siguieron sumándose en el Juzgado de Policía Local sin resultados. Incluso todo siguió igual cuando en 2010 Carabineros allanó un departamento del tercer piso, por una investigación de “trata de personas” que llevaba la Fiscalía de Las Condes, y una joven argentina se lanzó por la ventana, lo que le provocó una fractura expuesta en una pierna.
Un año antes, en 2009, la comunidad había hecho una nueva denuncia ante el Juzgado de Policía Local (Rol Nº 78.482-10.2009), confiada en que sería acogida. Aportaron pruebas irrefutables, como grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el inusual tránsito de personas ajenas al edificio, y fotocopias del libro de visitas (registro obligatorio para todos los que ingresan). La resolución del juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, Alejandro Cooper Salas, rechazó la denuncia “al no haber sido acreditados los hechos que le sirven de fundamento”. El magistrado ordenó el archivo de los antecedentes.
El abogado de la comunidad, Jaime Barros, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando que el juez Cooper ignoró pruebas que debiesen haber dado curso a la denuncia. El 23 de enero de este año, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones aceptó el recurso, revocó el fallo de Cooper e impuso a cada uno de los denunciados una multa de tres Unidades Tributarias Mensuales ($118.710). También dictó una orden a Carabineros para que llevara “una estadística sanitaria en el inmueble” e impidiera “que en ese lugar se puedan agrupar prostitutas, debiendo clausurar esos sitios, además de denunciar esas infracciones al juez letrado en lo civil de mayor cuantía”.
A pesar de que esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago fue dictada en enero de este año, el negocio de los prostíbulos siguió funcionando. Hasta la madrugada de este jueves 6 de septiembre, cuando el jefe de la red, Rubén Zapata, fue detenido y los departamentos allanados.
EL GOLPE FINAL
Un mes antes de la resolución de la Corte de Apelaciones, CIPER ya estaba investigando los pasos de esta organización. A la luz de la reforma a la Ley 20.507, promulgada en abril del año pasado, ya no era sólo un caso de facilitación de la prostitución, sino de “trata de personas”. Así lo dejó en claro también el abogado Barros en su presentación ante el tribunal de alzada.
El viernes 2 de diciembre pasado CIPER siguió los movimientos del argentino Rubén Zapata, quien se desplazaba en dos vistosos vehículos de su propiedad: un Mazda 3 y un Audi A3. Ese día salió del estacionamiento de Helvecia 240 a las 15:20, conduciendo el Audi y acompañado de una mujer. Se dirigió al Terminal de Buses Sur. Allí esperó un bus procedente de Mendoza y recogió a una pasajera joven, morena, que llevaba un bolso y una maleta. La llevó a almorzar a la Piccola Italia (Las Condes 11.070) y luego la dejó en el edificio de Helvecia. Esa misma noche, la joven ya estaba disponible para ofrecer servicios sexuales en el departamento 606.
El martes 13 de diciembre, CIPER fue testigo de la llegada de otras dos jóvenes argentinas -E.Y. y M.D- que venían a trabajar para Zapata. Llegaron al mismo terminal de buses, también desde Mendoza. Sus boletos fueron comprados por Martín Saldívar, argentino, quien oficiaba de chofer y “protector” de las jóvenes prostitutas cuando éstas prestaban servicios a domicilio. Saldívar llevó a las dos chicas desde el terminal al edificio de Helvecia, subiendo con ellas hasta el departamento 610.
Tal como lo hacía su antecesor y coterráneo Luis González, Zapata también dispuso que un fotógrafo hiciera un set de imágenes de las chicas. La sesión se realizó a los pocos días de la llegada de las jóvenes y las fotos se publicaron a lo menos en cinco páginas web que ofrecen servicios sexuales. Las ciudadanas argentinas Susana Potschka y Wilma Pitra, contestaban los celulares que aparecían en Internet, agendaban los contactos con los clientes y llevaban el registro de lo recaudado. Susana Potschka fue detenida junto a Zapata: uno de sus celulares aparecía en tres páginas web asociados a los servicios sexuales ofrecidos por Anaiz, Moira, Yanina, Marianita e Isidora (todas argentinas), además de Almendra (ecuatoriana).
Zapata fue arrestado finalmente por el OS-9 junto al chileno Juan Córdova y las argentinas Susana Potschka, Wilma Pitra y Nadia Rolfo. Al momento de su aprehensión, se allanaron 13 inmuebles y se logró detectar a 21 mujeres (cinco argentinas, cuatro colombianas, una venezolana, una ecuatoriana y diez chilenas), las que eran explotadas por la red de Zapata.
Fuente: Ciper Chile www.ciperchile.cl
CASOS EN 2013
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http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Informe_mundial_sobre_la_trata_de_personas.shtml
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