CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

Por: Erick Bellido Y.

Ante la arremetida de las asociaciones ilícitas, narcotráfico y eventos de sangre atribuidos por pandillas y grupos anarquistas dispuestos a llevar su ideología más allá de las fronteras de sus países de origen, logrando así diversificar su actividad, han creado un problema transnacional altamente complejo de abordar con políticas nacionales tradicionales, pues el crimen organizado sobrevive enquistado y ligado a diversas estructuras de poder.
Tras una década del atentado de las Torres Gemelas, se constata un cambio en la percepción de las amenazas en América Latina. Es que la idea de un posible acto terrorista en la región hoy se desvanece, pero crece el temor de que el crimen organizado se convierta en una amenaza real para los países del continente, donde la violencia se encuentra minando la ética y la probidad, además de potenciar la corrupción de funcionarios ligados tanto a instituciones públicas como privadas.
Con la finalidad de penetrar en la lógica del negocio de las estructuras criminales, que ponen en riesgo la estabilidad de las democracias, el analista francés Jean Pierre Cordech, consultor en Seguridad, Policía y Estado de Derecho, junto con ejercer en calidad de Oficial de cooperación de la Policía Judicial Francesa en México y Ecuador, y actuar en calidad de Jefe de la Unidad de Investigaciones Policiales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Organismo dependiendo de la ONU), visitará Chile el 2 de diciembre para dictar una cátedra magistral en el marco de la realización del II Congreso Internacional de Criminología a realizarse en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI.
Jean Pierre Cordech, revelará en Santiago no sólo las estrategias más actuales para combatir a las organizaciones criminales que sirven desde las sombras a un mercado con una demanda muy alta y creciente; sino que además, dejará en evidencia el modelo de sus nocivas dinámicas expansivas capaces de corromper democracias. Por ello, junto con describir los escenarios negativos, denota la necesidad de fomentar estrategias de acercamiento entre actores del mundo civil, policial y judicial de América Latina y el Caribe, en pro de contrarrestar el millonario volumen de narco-dólares que ingresan verdaderas mafias para financiar emprendimientos ligados al terrorismo y asociaciones ilícitas de lavado de dinero, malas prácticas que terminan distorsionando los equilibrios relativos.
De no ajustar el pulso de las tendencias descritas, se alimenta directa e indirectamente una mayor represión ante la proliferación de actores violentos que llevan a una reducción de los márgenes de autonomía de los Estados. Hoy, uno de los mayores retos es la recuperación de la presencia del Estado en amplias zonas de Colombia, México, Guatemala y El Salvador, pero también, entran otras naciones como Bolivia y Brasil. Y si bien Chile aún está libre de la escalada violentista por su aislamiento geográfico, no puede descuidar la seguridad interior ni la paz social, lo que obliga a prospectar de forma permanente los riesgos emergentes.
Frente a la violencia inherente a la lucha contra estas organizaciones y la escalada de inseguridad, la PDI busca responder con nuevos enfoques a las sociedades que reclaman más seguridad y el restablecimiento de los espacios públicos, sin verse expuestas al miedo y la restricción de sus movimientos, tal como ocurre en diversos países del orbe.
Así, el desafío pendiente es mediar asertivamente en restablecer la precariedad de equilibrios sociales frente al control delictivo que brinde seguridad a la población, sin caer en falacias al ofrecer una sociedad sin crímenes o declarar una victoria que en poco tiempo resulte un espejismo ante la capacidad transformadora de estas organizaciones.